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¿Cómo incide el cambio climático en las políticas agrarias de Extremadura?

Desentrañando «pérdidas y daños» climáticos

Pérdidas y daños es un concepto central en las negociaciones internacionales sobre clima que se refiere a los impactos negativos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación (reducción de emisiones) ni gestionarse completamente mediante la adaptación. Incluye tanto pérdidas económicas (daños a infraestructura, pérdidas agrícolas, coste de reconstrucción) como pérdidas no económicas (desplazamiento de comunidades, pérdida de cultura, biodiversidad y derechos territoriales).

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.
  • Adaptación: acciones para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante impactos previstos (diques, cultivos resistentes, sistemas de alerta temprana).
  • Pérdidas y daños: impactos residuales que ocurren pese a la mitigación y la adaptación, o impactos rápidos/irrecuperables que no pueden ser compensados plenamente.

Tipos de pérdidas y daños

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
  • Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.

Casos y datos que ilustran el problema

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de habitantes y ocasionaron pérdidas notables en cultivos y viviendas; las evaluaciones internacionales indicaron que enormes grupos poblacionales quedaron desplazados y se registraron daños por miles de millones de dólares.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un elevado número de víctimas, destruyó infraestructura clave y causó perjuicios económicos calculados en miles de millones de dólares, además de un prolongado impacto humanitario.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): provocó el colapso de servicios esenciales y daños tasados en decenas de miles de millones de dólares según varias estimaciones; puso de manifiesto cómo los eventos extremos pueden desencadenar crisis sanitarias y desplazamientos internos.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) sufren erosión y pérdida territorial, lo que obliga a planificar reubicaciones nacionales o incluso transnacionales.
  • Sequías y agricultura: en zonas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías persistentes y plagas asociadas al clima disminuyen los ingresos agrícolas, agravan la inseguridad alimentaria y fomentan procesos migratorios.

Contexto global y escenario político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el debate sobre pérdidas y daños ha estado presente durante años en las negociaciones; en 2013 se estableció el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el fin de articular estudios y asistencia técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países decidieron crear un fondo dedicado a enfrentar pérdidas y daños, destinado sobre todo a respaldar a las naciones en desarrollo que padecen impactos desmedidos. Su implementación requiere fijar la estructura de gobernanza, las fuentes de recursos y los requisitos de acceso.
  • Tensión política: persiste la disputa entre países desarrollados y en desarrollo respecto a si este apoyo debe interpretarse como reparación, compensación o un acto de solidaridad; algunos temen asumir responsabilidades legales mientras otros reclaman justicia climática.

Valoración, asignación y reconocimiento del valor

  • Ciencia de atribución: permite estimar cuánto contribuyó el cambio climático inducido por el ser humano a la probabilidad o intensidad de un evento extremo; esto ayuda a fundamentar decisiones de financiamiento, aunque no siempre es concluyente para cada caso.
  • Valoración económica: medir costos directos es más sencillo (infraestructura, producción), pero valuar pérdidas no económicas —identidad, tradiciones, biodiversidad— es complejo y a menudo insuficiente en términos monetarios.
  • Brechas de datos: países con poca capacidad estadística tienen dificultades para cuantificar daños y justificar solicitudes de apoyo, lo que agrava la desigualdad en el acceso a recursos.

Sistemas de respuesta y financiamiento

  • Prevención y reducción del riesgo: impulso a obras de infraestructura resistente, ordenamiento del territorio y recuperación de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: seguros nacionales y fondos regionales contra desastres (por ejemplo, instrumentos operativos en el Caribe y el Pacífico) que facilitan desembolsos ágiles después de fenómenos extremos.
  • Financiamiento internacional: aportes no reembolsables, créditos en condiciones favorables, ajustes de deuda y el reciente fondo de pérdidas y daños establecido en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: alternativas como gravámenes al carbono, tarifas aplicadas al transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada vía despierta discusiones sobre justicia y efectividad.

Retos prácticos y éticos

  • Equidad: los países que menos han aportado al calentamiento suelen enfrentar los efectos más duros; existe un sólido fundamento moral para impulsar transferencias financieras del Norte global hacia el Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la petición de resarcir daños históricos se topa con la renuencia de ciertos Estados a asumir obligaciones legales y económicas.
  • Implementación operativa: es necesario precisar quién podrá utilizar el fondo, cómo se establecerán las prioridades, de qué manera garantizar transparencia y cómo asegurar que los recursos alcancen efectivamente a las comunidades perjudicadas.
  • Pérdidas no asegurables: algunos perjuicios, como la desaparición de territorios insulares o de la identidad cultural, no pueden resolverse únicamente con dinero; requieren respuestas políticas más complejas, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.

Buenas prácticas y propuestas

  • Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
  • Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.