El Departamento de Transporte y procuradores generales estatales revisarán quejas de aerolíneas
El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, anunció el martes una nueva asociación con más de una docena de fiscales generales estatales para investigar las quejas de los consumidores contra las aerolíneas.
La asociación establece un proceso que permite a las oficinas del fiscal general estatal revisar las quejas de los viajeros y luego pasar el testigo al Departamento de Transporte federal, que podría tomar medidas coercitivas contra las aerolíneas.
“El apoyo ofrecido por las oficinas de los fiscales generales estatales significa que nuestra capacidad para proteger a los pasajeros de las aerolíneas se está ampliando”, dijo Buttigieg en el Aeropuerto Internacional de Denver, donde apareció con el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, un demócrata que se encuentra entre los que se unen a la asociación.
La iniciativa federal-estatal es el último paso de Buttigieg para mejorar la protección de los viajeros aéreos y garantizar que las aerolíneas rindan cuentas cuando se equivoquen. Según la agencia, el Departamento de Transporte impuso más de 164 millones de dólares en multas contra aerolíneas durante su mandato. Buttigieg también instó a las aerolíneas a sentar a los niños con sus padres de forma gratuita y a mejorar los servicios ofrecidos a los viajeros que experimentan grandes retrasos o cancelaciones.
El Departamento de Transporte dijo que los fiscales generales de 15 estados (California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island y Wisconsin) han firmado acuerdos para participar en la asociación.
También se unieron los fiscales generales del Distrito de Columbia, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, dijo el departamento, lo que eleva el número total involucrados a 18. De ellos, 16 son demócratas y dos republicanos.
Según la ley federal, los estados generalmente tienen prohibido hacer cumplir sus propias leyes de protección al consumidor contra las aerolíneas. Los fiscales generales estatales han estado presionando para que se apruebe una legislación federal que les permita tomar medidas contra las aerolíneas, tal como pueden hacerlo contra empresas de otras industrias.
La nueva asociación no les otorga este poder. En cambio, sus oficinas investigarían las quejas de los viajeros y, si determinaran que se pueden haber violado las normas federales de protección al consumidor, podrían remitir el asunto al Departamento de Transporte en un proceso acelerado. Luego, la agencia federal revisaría la denuncia y podría tomar medidas coercitivas.
«El mundo ideal sería aquel en el que los estados tuvieran autoridad formal para hacer cumplir las leyes de protección al consumidor junto con el Departamento de Transporte», dijo Weiser. «Hasta ahora, el Congreso no ha actuado al respecto, pero no estamos esperando acciones concretas».
En un comunicado, Airlines for America, un grupo comercial que representa a las aerolíneas más grandes del país, dijo que ha trabajado regularmente con el Departamento de Transporte y los fiscales generales estatales para mejorar la experiencia de los viajeros a bordo.
«Apreciamos el papel de los fiscales generales estatales y su trabajo en nombre de los consumidores», dijo el grupo, y agregó que espera continuar trabajando con ellos.