El gobierno de Javier Milei amplía el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y redefine su posición estratégica
El Presidente de Argentina, Javier Milei, emitió dos decretos que modifican el reglamento de la Ley de Defensa Nacional, ampliando significativamente el alcance de implementación de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones permiten que se solicite a las Fuerzas Armadas que colaboren con la seguridad nacional, lo que marca un cambio en la delimitación histórica entre defensa nacional y seguridad nacional.
La Ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, más allá de la restauración de la democracia, estableció una clara separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, limitando la intervención militar exclusivamente a la defensa contra agresiones externas. Durante los gobiernos posteriores, incluidos los de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, esta línea divisoria se mantuvo, aunque sufrió variaciones en su respecto. Sin embargo, los recientes cambios introducidos por Milei representan un paso hacia una mayor injerencia militar en cuestiones internas.
Redefinición de agresiones externas y objetivos estratégicos
El primer decreto firmado por Milei, junto a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, redefine los «objetivos de valor estratégico», que ahora incluyen como activos la instalación de infraestructuras que, en caso de sufrir daños, puedan influir fuertemente sobre la vida, el bienestar, la economía, el medio ambiente o la seguridad del país. Con esta nueva definición, el Poder Ejecutivo podrá determinar cuáles son estos objetivos estratégicos sin requerir la aprobación del Congreso, un cambio significativo respecto a la legislación anterior.
Además, el decreto establece una «cooperación interinstitucional», facultando al Ministerio de Seguridad para solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas en situaciones que el Poder Ejecutivo considere necesarias. Esto incluye actividades relacionadas con la vigilancia de fronteras, apoyo logístico, asistencia en emergencias y desastres naturales, y asistencia operativa.
El segundo decreto amplía aún más el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas, argumentando que «la evolución tecnológica y las nuevas formas de definición de los conflictos» requieren una respuesta adaptada a los desafíos actuales. Entre los nuevos ámbitos de acción se incluyen el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio ultraterrestre. El asimismo redefine el concepto de agresión externa, que no limita a las fuerzas armadas de otros estados, sino que incluye a los organismos paraestatales, los grupos terroristas, las organizaciones transnacionales y cualquier forma de agresión que afecte los intereses vitales de la nación.
Reacciones y preocupaciones
Las nuevas disposiciones han generado preocupación entre organismos sociales y de derechos humanos, al considerar que estas personas podrían abrir la puerta a una militarización de la seguridad interior. Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que «es preocupante que se avance en una militarización de la seguridad cuando no existe una situación real que lo demande». Se informó que el gobierno había utilizado términos vagos para justificar las amenazas del crimen organizado o el terrorismo, que podrían haber enmascarado una agenda política más amplia.
Otro punto controvertido es la inclusión de infraestructuras relacionadas con actividades económicas en la categoría de ‘objetivos estratégicos’. Esto ha generado inquietud en comunidades indígenas y sectores sociales que temen que estas disposiciones puedan ser utilizadas para repeler manifestaciones, disturbios o protestas sociales. El gobierno de Milei ha criticado los bloqueos como una forma de protesta y se ha caracterizado de «terrorista» hacia los manifestantes y las comunidades indígenas que defienden sus territorios.
Un cambio de paradigma en defensa
El gobierno de Milei ha dado impulso a un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad, con un mayor retroceso en el ámbito militar, la disminución del malestar militar y la difusión de mensajes que exaltan el papel de las Fuerzas Armadas. En el Día del Recuerdo, en el que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar, se difundió un polémico vídeo que generó críticas por su tono dirigido a las fuerzas militares.
De su comentario sobre lugar para mafias y corruptos».
Un debate abierto
Los cambios a la Ley de Defensa Nacional han reabierto el debate sobre la carta de las Fuerzas Armadas en la democracia argentina. Mientras el gobierno de Milei sostiene que estos medios buscan proteger los «intereses vitales» del país ante nuevas formas de conflicto, los críticos advierten de los riesgos de definir las líneas entre defensa y seguridad interna, un principio que ha sido fundamental en la transición democrática. en todos los ámbitos. La dictadura militar de 1976-1983.
El impacto de estas medidas en la sociedad y los derechos humanos será un tema central en los próximos meses, mientras Argentina enfrenta un contexto de profundos cambios políticos y sociales bajo la administración de Milei.